Segregar o flexibilizar la educación

Separar a los alumnos de 4º de ESO despierta juicios encontrados en los expertos – Las medidas en torno al pacto requieren un gran esfuerzo económico

J. A. AUNIÓN - Madrid – 01/02/2010.

“¿Se conseguirá más calidad y menos fracaso anticipando la selección de los estudiantes en la ESO? ¿Se trata de impulsar la lógica de la selección -lo más temprana posible- o la del aprendizaje para todos, de un sistema capaz de dar respuestas diferenciadas a personas distintas? En otras palabras, ¿tenemos que construir un sistema educativo del siglo XXI en el que quepan todos o hay que ir de nuevo a un sistema del siglo XIX en el que, más allá de la primaria, sólo invirtamos en la educación de unos pocos?”

Algunos especialistas se quejan de que se recurra de nuevo a cambiar el sistema

El asesor educativo del Banco Mundial Juan Manuel Moreno asegura que es necesario contestar a estas preguntas para que el pacto por la Educación que el Gobierno está promoviendo quede claro. Unos creen que la medida más novedosa planteada en el documento para el pacto presentado la semana pasada por Educación -hacer dos vías en 4º de ESO, una orientada a la FP y otra, al bachillerato- es, efectivamente, para flexibilizar el sistema. “La clave es no crear vías que no conduzcan a ningún sitio”, dice el presidente de la asociación de directores de centros públicos (Fedadi), José Antonio Martínez, recordando que la propuesta es que cualquiera de las dos vías, al final, no cierren la puerta ni del bachillerato ni de la FP: todos los alumnos elegirán lo que quieran.

Sin embargo, los que hagan la vía de la FP en 4º no estarán bien preparados para hacer luego el bachillerato. “No son vías, son niveles, uno alto y otro bajo”, se queja el profesor de la Universidad de Valencia José Gimeno Sacristán. Para él, la idea de que los buenos irán hacia el bachillerato y los malos, que suelen ser los socialmente más desfavorecidos, hacia FP, está en otro punto del documento, el que dice que la evaluación de 3º de ESO servirá para “orientar” al alumno hacía una u otra vía. Para Moreno, esa iniciativa es “otro intento de acercamiento por parte del Gobierno para no frustrar de entrada las posibilidades de pacto. Imagínense las consecuencias organizativas y presupuestarias de la puesta en marcha de estos perfiles en los institutos. En todo caso, sería viable plantear una mayor optatividad en 4º, pero veo difícil ir más allá sin terminar pasándonos a la propuesta del PP de, simplemente, reducir la ESO en un año [y hacer un bachiller de tres cursos en vez de los dos actuales]“.

El presidente de Fedadi (que defiende la iniciativa, y el bachillerato de tres años) también ve esas las dificultades técnicas, aunque no le parecen insalvables, de encaje con otras medidas ya en marcha como la diversificación curricular (clases reducidas con contenidos suavizados) o los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) para los chicos en riesgo de fracaso, donde aprenden los rudimentos de un oficio, obtienen un certificado profesional y la oportunidad de sacarse igualmente la ESO o pasar a la FP de grado medio. Otra de las iniciativas del documento de pacto es que a todo alumno que vaya a repetir 3º de ESO se le ofrezca la posibilidad de ir a uno de esos programas, uno de los cuales, los PCPI, es de hecho iniciar la FP. Sobre estas alternativas siempre ha planeado la amenaza de segregación, y sus defensores apuntan que la clave del equilibrio está en que sean opciones minoritarias, que no se generalicen.

Para Gimeno, todo esto puede volver a desprestigiar la FP como opción de segunda, para los peores alumnos, a no ser que se haga de una vez una formación profesional de mucha calidad y con una buena y amplia oferta. Ésta es la intención expresada por el Gobierno, a la vez que se hace un sistema flexible, con muchas vías de entrada, salida y regreso entre la ESO, el bachillerato, la FP y la universidad. Pero es un proyecto muy caro, como muchas otras iniciativas que recoge el documento: más plazas de educación infantil, refuerzos y apoyos tempranos, una carrera docente que permita escalar según los méritos, en definitiva, más medios y mejores profesionales. “Hay poca conciencia en el documento sobre las enormes implicaciones presupuestarias”, dice Moreno.

Se trata, en cualquier caso, de infinidad de medidas básicas cuya puesta en marcha tiene más que ver con el dinero que con las posibilidades que permite la legislación. José Torreblanca, uno de los autores del texto Un pacto de estado para mejorar la educación en el estado autonómico, del colectivo Lorenzo Luzuriaga, admite bondades en la propuesta ministerial, pero se queja de que, al final, se vuelva a querer solucionar todo a través de la ley, a través del cambio del sistema educativo. Precisamente, a Julio Carabaña, profesor de la Complutense, la reforma de 4º de ESO le parece “trivial”, ya que, asegura, “todo lo que quieren hacer se podía haber hecho con la LOGSE [ley del PSOE, de 1990], la LOCE [del PP, 2003] y se puede hacer con la LOE [norma actual, de 2006]“.

Por la escuela pública

Una de las mejores noticias políticas de esta legislatura es el intento del actual ministro de Educación, Ángel Gabilondo, por forjar un pacto para la reforma de la educación que englobe no sólo a las dos fuerzas políticas capaces de alcanzar el Gobierno de la nación (PSOE y PP), sino también a los Gobiernos de las comunidades autónomas, que, de acuerdo con la Constitución, son las encargadas de gestionar el sistema educativo. La sociedad española lleva tanto tiempo reclamando ese pacto y los partidos políticos llevan tanto tiempo asegurando que están dispuestos a alcanzar un consenso básico que es posible que nadie se arriesgue en estos momentos a sabotear el esfuerzo.

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 31/01/2010. El País

El Estado es el que debe impulsar la defensa de la enseñanza pública y resaltar su papel frente a la privada

Desaprovechar esta ocasión, precisamente en un momento en el que se atraviesa una feroz crisis económica cuyas peores consecuencias, a medio plazo, sólo podrán ser evitadas haciendo más eficaz al sistema educativo, sería traicionar a la ciudadanía en su conjunto. Una traición mucho más real y desmoralizadora que cualquiera otra de las que se pregonan y anuncian cada día en algunos medios de comunicación. Si esta vez, en estas amargas circunstancias, no es posible lograr un acuerdo, la culpa será tanto de los partidos que provoquen la ruptura o congelen los avances como de la propia sociedad, incapaz de valorar el daño que sufriría y de presionar a sus representantes para que, aunque no olviden sus desavenencias, dejen fuera de la mesa los enfrentamientos y consigan un marco básico de acuerdo. Quienes, desde los medios de comunicación o los partidos, jaleen la pelea y alienten exigencias imposibles serán quienes realmente atentarán contra el futuro de este país.

Promover el consenso no quiere decir, sin embargo, renunciar a participar en el debate con propuestas y análisis razonados. Uno de los documentos más interesantes que circulan estos días en los medios educativos es el presentado por el colectivo Lorenzo Luzuriaga (www.colectivolorenzoluzuriaga.com). Una de las mayores preocupaciones de este colectivo es el papel y el futuro de la escuela pública, que no tiene nada que ver con la enseñanza gratuita, sino con la utilización de la educación como la vía para vertebrar un país desde un punto de vista social, intercultural e interterritorial, garantizando los principios de igualdad y cohesión.

El debilitamiento de la escuela pública nace generalmente en el debilitamiento del Estado, que no incluye sólo a las instituciones centrales, sino también a las comunidades autónomas o poderes federales. Evitar la debilidad del Estado supone que sus instituciones actúen de forma coordinada, lo que en el caso de la educación implica conceder un papel mucho mayor a la Conferencia Sectorial que reúne al ministro y a los consejeros de Educación de las diferentes comunidades y que es el órgano encargado de aprobar y de poner en marcha la programación general de la enseñanza. Cualquier reforma producto del pacto que se negocia ahora debería ser implementada por ese Consejo Sectorial.

Fortalecer la escuela pública supone también reconocer, y fortalecer, el papel del Gobierno central en el ejercicio de sus propias competencias, algo que hasta ahora se ha olvidado casi por completo. El colectivo Lorenzo Luzuriaga hace constar que transcurridas tres décadas desde la distribución de competencias, el ejercicio real de las mismas ha dificultado la definición de cualquier plan de carácter nacional de mejora de la educación. El problema, señala, ha estado sobre todo en el propio Ministerio de Educación, que, sea cual sea su color político, no ha ejercido con la responsabilidad que debiera las competencias atribuidas por la Constitución y las leyes orgánicas, y se ha centrado sólo en la ordenación general del sistema, descuidando sus funciones de liderazgo y de supervisión del sistema educativo descentralizado. Es el Gobierno central y el Estado, como garante de la igualdad y cohesión, quienes deben impulsar la defensa de la red de escuelas públicas y quienes han debido resaltar su papel frente a las escuelas privadas concertadas.

El profesorado, clave educativa

Comunidad Escolar. nº 866, 28 enero 2010.
Valentín Martínez-Otero.
Profesor, Doctor en Psicología y en Pedagogía de la UCM.

UNA de las  claves  para  mejorar nuestra educación se encuentra en la atención al profesorado. En todos los niveles procede afinar los procesos de selección y preparación. Sin el cuidado del magisterio se cierra el camino a un enriquecimiento considerable del proceso educativo. Nadie duda, por ejemplo, que la formación de profesores, más técnica o social, es necesaria para elevar la calidad educativa y lograr mayores cotas de progreso. En realidad, dado el trascendental papel que desempeñan los docentes, tanto por transmitir conocimientos como por orientar y estimular las aptitudes, actitudes y valores de los alumnos, se requiere que los educadores reciban una sólida formación inicial que se enriquezca permanentemente. La formación deficiente y el anquilosamiento profesional tienen nefastas consecuencias para el propio profesor, sus alumnos y el conjunto de la sociedad.

La significación del profesor en la formación del educando y en toda la vida del centro escolar es un hecho innegable. Sin embargo, es curioso comprobar que, pese a la progresiva elevación académica y profesional de los docentes, su imagen no ha seguido un camino paralelo. Me atrevería a decir incluso que esta noble profesión atraviesa un mal momento en lo que a estimación y reconocimiento se refiere, acaso por los muchos conflictos que hay en algunas aulas, por la insuficiente colaboración de la institución familiar, por la errática legislación, por la inexistencia de un adecuado sistema de promoción y porque injustamente a menudo se responsabiliza en exclusiva a los profesores de los problemas educativos. Si nos fijamos en la autopercepción de los docentes cabe afirmar que tampoco ha permanecido invariable a través del tiempo. Hoy, en las profesiones educativas, hay mucho descontento y si no nos hacemos cargo de las causas seguirá el malestar y la pérdida de sentido. La baja autoestima, el estrés, la depresión, la ansiedad y la desgana pueden adueñarse definitivamente de la actividad educativa. En nuestros días se acumulan las exigencias sobre los educadores y se reducen las valoraciones positivas, hasta el punto de que flaquea la vocación y hasta la salud mental de un considerable sector docente.

La crisis docente, en conexión con la económica, educativa y social, adquiere una preocupante faz. El mal que roe nuestra educación, y con ella a los profesores, no se ataja despedagogizándola como pueril o maliciosamente, según los casos, proponen algunos. La genuina pedagogía, ciencia por antonomasia de la educación, sin ser la panacea, ayuda a comprender y mejorar los procesos formativos. Sus efectos benéficos han de advertirse en todos los niveles de enseñanza, incluida la universitaria. Como he dicho en más de una ocasión, con frecuencia los profesores menos preparados psicopedagógicamente se encuentran en la Universidad, dignísima institución que, por cierto, y al margen del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y de los endebles criterios puestos en circulación por las Agencias oficiales de la calidad educativa, requiere, en mi opinión, una reforma profunda. Y es que la clave del proceso educativo no reside en calculados puntajes sino en su potencia humanizadora. Por eso, nos disgusta confirmar que algunos profesores, arrastrados por la corriente pragmática de los tecnócratas, se fabrican un currículum a la medida en lugar de cultivar los auténticos elementos de la vocación-profesión. Con todas las tareas que hay pendientes, mal andamos si el magisterio, más que fomentar la vida intelectual y espiritual, permanece mirándose el ombligo o siervo de aberrantes intereses. Lamentamos, de hecho, que se afiancen tendencias medidoras impulsadas por legislaciones cortas de pernicioso influjo que permiten obtener plazas docentes vitalicias a algunos que no saben ni hacer la o con un canuto. ¡Así nos va!

Instituciones escolares humanizadas

Por fuera de las consideraciones anteriores, es sabido que hablar del profesorado es referirse a un colectivo muy amplio en el que se descubren notables desemejanzas entre los profesores de distinta etapa educacional, pero también en el seno de un mismo nivel. Sea como fuere, procede insistir en que la satisfacción laboral es necesaria para que cualquier trabajador ponga entusiasmo en la tarea que realiza. En el caso del profesor, el bienestar, además de garante de salud, se proyecta sobre los alumnos y sobre la vida entera del centro escolar. El educador que está a gusto consigo mismo y con su situación promueve en el educando un estado de ánimo favorable para la actividad fecunda.

Las instituciones escolares deben hacer lo posible para que las condiciones laborales de los profesores sean dignas. El ambiente de trabajo presidido por la presión, la frustración, la insuficiente o mala comunicación, etc., empuja al profesor hacia un callejón angosto y sombrío. No es extraño que, en circunstancias así, aumenten las bajas por problemas psíquicos. En general, además, disminuye la calidad del trabajo con el consiguiente perjuicio advertido en los alumnos.

La realidad educativa actual, cada vez más tecnificada y multicultural, hace necesario identificar factores de riesgo psicosocial y replantear el rol docente, de manera que se prevengan problemas relacionales y, una vez que se han presentado, se desplieguen adecuadas estrategias de afrontamiento que preserven la salud mental y el deseable nivel profesional. Se está extendiendo, por ejemplo, el estrés docente. En un significativo número de instituciones surgen desavenencias entre profesores, que se agregan a las que eventualmente puede haber con los alumnos y sus familiares. Un análisis de lo que sucede en algunos centros escolares nos permitiría comprobar que los conflictos en ocasiones se originan por una insuficiente “inteligencia afectiva”, tal como la venimos definiendo desde hace años, lo que a su vez puede relacionarse con el “síndrome de burnout”, esto es, con el agotamiento o quemazón en el trabajo, y cuyos costes se dejan sentir a nivel individual, institucional y social.

Aun cuando la inteligencia afectiva se presente como elemento protector y reactivador del equilibrio psicológico en situaciones educativas especialmente ansiógenas y estresantes, hay que insistir en la necesidad de construir instituciones escolares humanizadas, o sea, comprometidas con la dignidad de la persona, la comunicación, la autonomía y la inclusión. Es fundamental, además, brindar oportunidades de promoción y evitar la sobrecarga de tareas, la presión y la ambigüedad del rol asignado. Por tanto, aunque sea compendiadamente, y sin entrar, de momento, en otros factores, debemos enfatizar que la mejora de las condiciones educativas pasa por modificar aspectos personales y organizacionales.

El avance educativo se convierte en quimera si los profesores están o se sienten indefensos, carecen de proyectos y tienen una percepción negativa de sí mismos. Es igualmente urgente enriquecer la formación docente y revalorizar, con el concurso de los propios profesores y de las instituciones escolares, la imagen que la sociedad tiene de este grupo profesional. Preocuparse de los educadores equivale a apostar por el desarrollo educativo y social.

La formación del profesorado

La capacitación docente está llamada a mejorarse tanto en el plano teórico como práctico, pues es bien sabido que esta profesión, aunque se nutre de contenidos pedagógicos, psicológicos y sociales, etc., que han de seleccionarse oportunamente, se enriquece mediante el ejercicio. Desde esta perspectiva fáctica, las prácticas, en el caso de la formación inicial, brindan la posibilidad de contactar con la realidad educativa: comunicación con los alumnos, preparación de clases, gestión del aula, participación en las evaluaciones, etc. Aun cuando debe prevalecer la calidad sobre la cantidad, han de tener una duración mínima que garantice su aprovechamiento. Un amplio conjunto de programas de formación, incluido, en mi opinión, el extinguido curso para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica, adolecían de insuficiencia práxica. Deseamos, por cierto, que el nuevo Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria responda a las expectativas y necesidades actuales.

Ahora bien, además de reparar en la unidad formativa constituida por la teoría y la empiria educativa se requiere lanzar la mirada hacia el modelo preponderante. Por ello, frente a visiones parciales y mecanicistas consideramos fundamental promover la formación integral del profesor. Desde esta perspectiva, se supera la artificial y estéril dicotomía pedagógica entre preparación técnica y ética. Es evidente que cualquier diseño formativo serio ha de contemplar ambas dimensiones, sin olvidar las necesidades de autorrealización personal ni la pertenencia del profesor a un claustro y a una comunidad educativa.

El profesor es un técnico en cuanto profesional. Posee, en efecto, conocimientos, competencias, utiliza ciertas herramientas y sigue una determinada metodología. Ahora bien, esta especialización debe equilibrarse con la índole humano-social de la actividad laboral que realiza. Los atributos esenciales del magisterio permanecen ligados a la realidad personal. La educación es primordialmente una tarea humanizadora y, por tanto, todo profesor debe tener una base psicoantropológica suficiente que le permita comprender, tratar y orientar adecuadamente al educando.

Así pues, en nuestra opinión, un modelo de formación docente de radical carácter pragmático puede ser calificado en la actualidad, cuando menos, de incompleto, y ha de ceder el turno a un paradigma flexible, suficientemente crítico, distinguido por su compromiso con las personas y su concreta situación, lo que supone, de hecho, tener en cuenta los condicionantes sociales, históricos, económicos, etc., así como la voluntad de mejorar estas circunstancias. En línea con esta orientación formativa, el profesor asume su responsabilidad en el terreno de los conocimientos y aptitudes, al igual que en el de las actitudes y los valores, tanto en lo que se refiere a cultivar estos aspectos en sí mismo como a promoverlos en los alumnos.
El viraje mecanicista que parece advertirse en nuestros días está agudizando la crisis educativa y debe contrarrestarse con un decidido rumbo humanístico, entre otras razones, porque, como queda dicho, conjunta nítidamente los aspectos técnicos y éticos del quehacer profesoral. Si se puede ser educador, ¿por qué conformarse con ser mero enseñante?

La comodidad de los jóvenes

No es de extrañar que nuestros jóvenes sean tan cómodos. De niños eran protagonistas en sus hogares, sus deseos eran órdenes y papá y mamá estaban a su disposición siempre. ¡Una trampa mortal!

Los niños criados sin límites y regidos únicamente por el principio del placer instantáneo crecieron y siguen igual de inmaduros, con dificultades para comprometerse y, sobre todo, muy acomodados psicológicamente como hijos de papi y mami.

Los papás tienen que tomar cartas en el asunto ya. Un niño se puede malcriar desde los tres meses. A los dos años vive su primera adolescencia, es decir, la primera búsqueda de identidad. Quiere hacer todo solo, pero no puede y, entonces, viene la primera lucha de poderes.

En ese momento el papá debe evitar pelear y establecer su autoridad y su guía. Así, deben ignorar pataletas y reforzar conductas adecuadas.

Queremos que nuestros niños tengan infancia, superen esta etapa y entren a una adultez sana y productiva.

Hoy vemos niños 'adultificados' y adultos 'aniñados'. Ni lo uno ni lo otro es lo correcto. El menor, cada día que pasa, se vuelve más exigente y déspota, asume una posición de poder y autoridad sin tener los méritos ni la edad.

Los papás confunden esto con precocidad y se sienten orgullosos del hijo tan inteligente que tienen. Es, más bien, un hijo 'igualado' a sus padres, es poderoso y sabe cómo manipular para que las cosas le salgan como quiere.

Al volverse tan pequeñas las familias, es muy fácil sobreproteger y sobredimensionar a un hijo. Con uno o dos hijos, la posibilidad de que se conviertan en reyezuelos y vedettes es alta. Por eso, es importante que vayan a la guardería temprano, para que aprendan a compartir, esperar y vivir con otros.

Cuando los padres trabajan, el niño debe estar con otros niños, los cuales reemplazan a la antigua familia extendida -llámese primos o hermanos-. Los padres, a su vez, deben ser fuertes, ejerciendo disciplina amorosa que ponga límites y para que cada quien entienda su rol.

Hoy, muchos de esos niños son ya profesionales que no aportan mucho en casa y tampoco tienen compromiso y perseverancia en el trabajo. Son una nueva especie que sabe mucho sobre tecnología, son rápidos, pero solo hacen lo que quieren. Su reinado sigue vigente, por lo menos en la mente de ellos.

¡Papás, a ponerse las pilas y dejar de consentir en exceso a sus hijos!. Tienen que aprender a vivir en este mundo y, para hacerlo, tendrán que pasar por etapas necesarias de frustración. La tolerancia a la frustración es una destreza que los ayudará a vencer obstáculos y a obtener bienestar.

OPINIÓN ANNIE DE ACEVEDO (Psicóloga)

La nueva Formación Profesional

La reforma de la Formación Profesional se centra en ampliar la oferta educativa y flexibilizar el acceso a los estudios. Además se pretende incrementar la participación de las empresas en el diseño y la ejecución de la oferta formativa.

Universidad de Padres.Madrid Enero 2010 Beatriz Quiroga

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El pasado mes de diciembre, el Eurostat (Oficina Europea de Estadísticas) hizo público un informe según el cual los jóvenes universitarios españoles soportan la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea. Es más, un estudio comparativo sobre la situación laboral de los jóvenes universitarios españoles* realizado conjuntamente por el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y BANCAJA viene a corroborar lo que muchos de nuestros recién titulados saben por propia experiencia: que una vez superada la enorme dificultad que supone encontrar un empleo, en demasiadas ocasiones existe una falta de adecuación entre el nivel educativo del nuevo trabajador y los requerimientos del puesto de trabajo. Todo esto resulta aun más paradójico cuando, en el mismo estudio, se nos dice que “el motivo fundamental por el que se escoge iniciar una carrera universitaria -según la opinión de los propios titulados - es porque al concluirla aumenta la probabilidad de encontrar un empleo”.

 

Ante esta situación de precariedad laboral generalizada y ante los desafíos de la nueva economía basada en el conocimiento, en el año 2000 los países de la UE decidieron que para el año 2010 la economía europea debía convertirse en “la más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mayor cohesión social”. Para la consecución de este objetivo estratégico consideraron clave el impulso de la educación y la formación profesional.

En nuestro país, a finales del 2008, los ministerios de Educación, y de Trabajo e Inmigración presentaron la “hoja de ruta” para impulsar el nuevo modelo de Formación Profesional con los objetivos de “fomentar la formación continua a lo largo de la vida, el trasvase de unas actividades profesionales a otras, y el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación”. Más recientemente, el presidente del Gobierno, en su comparecencia para presentar el proyecto de ley sobre la “Estrategia para el Crecimiento Económico Sostenible”, incluía como uno de los cinco elementos claves para acelerar la modernización de la economía y corregir sus desequilibrios, el impulso y modernización de la Formación Profesional.

La Formación Profesional es el nivel educativo que prepara para el desempeño cualificado de una actividad profesional, cuyo valor añadido es la formación práctica que se imparte, que debe adecuarse a las necesidades de la economía y a los diferentes sectores productivos, y que pretende facilitar la adaptación de los alumnos y futuros trabajadores a las modificaciones laborales que se puedan producir a lo largo de su vida.

 

Actualmente, la Formación Profesional se organiza en ciclos formativos divididos en módulos, con una duración aproximada de dos cursos escolares además de las prácticas en empresas; estos ciclos educativos están estructurados alrededor de 26 familias profesionales de una gran variedad (Industrias Extractivas, Informática y Comunicaciones, Artes Gráficas, etc.). Existen dos ciclos formativos de distinto nivel: de grado medio y de grado superior, al que se han añadido los llamados Programas de Cualificación Inicial.

Al ciclo de grado medio se puede acceder al finalizar la educación obligatoria, es decir, una vez terminado 4º ESO y obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO). La titulación que se obtiene al terminar es la de “técnico” en la profesión correspondiente y da acceso al Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. La reforma de la FP pretende aumentar el número de alumnos titulados, ya que, aunque sus niveles de empleo son muy elevados, nuestro país tiene una tasa de titulados en esta etapa muy inferior a la media europea. Para ello está previsto poner en marcha un sistema de becas dirigidas a trabajadores y jóvenes de 18 a 24 años sin titulación que les permita compaginar su trabajo con las actividades formativas necesarias para la obtención del título.

Para poder acceder a los módulos profesionales de grado superior es necesario tener el título de Bachiller y, al finalizar los estudios, se obtiene el título de “técnico especialista”. La obtención de este título permite el acceso a los estudios universitarios que se determinan para cada familia profesional. Además se podrá convalidar hasta 30 créditos siempre que se estudie un grado universitario relacionado con los estudios de FP.

Los Programas de Cualificación Inicial son una de las novedades que se han incluido en la nueva Formación Profesional. Están dirigidos a jóvenes mayores de 16 años que no hayan obtenido el título de GESO y que necesiten incorporarse al mercado de trabajo, y que necesitan una cualificación profesional básica. Tiene como objetivo convertirse en un instrumento que ayude a frenar las altas tasas de abandono escolar.

En la UP estamos bastante de acuerdo con las “Propuestas básicas para la mejora de la Formación Profesional” que la FAPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado) dio a conocer el pasado mes de octubre. Como ellos, creemos que la Formación Profesional es “sobre todo, una herramienta fundamental para mejorar las expectativas laborales de los ciudadanos”; por este motivo, pensamos que es muy importante cambiar la concepción que la sociedad tiene sobre estos estudios, informando sobre sus posibilidades y ayudando a dignificar la imagen del alumnado que se decide por esta vía de formación.

* Estudio Comparativo sobre la Situación Laboral de Jóvenes Universitarios Españoles frente a los Europeos y Japoneses" realizado por el IVIE y BANCAJA. José García Montalvo.

Propuesta de medidas para el pacto social y político por la educación del Ministro Gabilondo

El ministro de Educación plantea a las comunidades su propuesta de mejoras para el pacto educativo – Cualquier cambio normativo tendrá que contar con el apoyo de dos tercios del Congreso.

El cuarto curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) tendrá dos perfiles, uno orientado a la Formación Profesional y otro, al bachillerato, pero no condicionarán la decisión final del alumno a la hora de elegir sus estudios posobligatorios. Ésta es una de las propuestas planteadas en el documento de 100 medidas que ha presentado el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en su reunión de hoy en Madrid con los consejeros autonómicos del ramo, que busca la flexibilidad en el sistema escolar como unos de los pilares para alcanzar el pacto educativo. Cualquier cambio normativo que requiera el acuerdo, tendrá que aprobarse en el Congreso con el apoyo de, al menos, dos tercios de la Cámara, propone el documento. “No queremos que ninguna nueva medida sea imperativo del Gobierno sino que se acepte de forma consensuada”, ha dicho el ministro.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, preside la Conferencia sectorial con los consejeros de Educación de las comunidades autónomas en la presentación de cien medidas para la mejora de la enseñanza.- EFE

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  J. A. AUNIÓN - Madrid – 27/01/2010. El País

El texto, de 28 páginas, contiene un total de 104 medidas, unas más concretas y otras de declaración de intenciones. Los consejeros de Educación no entraron a juzgar ninguna de ellas en concreto ya que, dicen, aún deberán estudiar el documento en profundidad. De ellas, el ministro Gabilondo sí ha destacado la que tiene que ver con la flexibilidad del último año de la ESO, que en el texto dice lo siguiente: “El 4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá carácter orientador, con dos perfiles para los estudios posobligatorios y se organizará en dos opciones”: una orientada al bachillerato y otra a la Formación Profesional de grado medio. Y añade que cualquiera de los dos dará el título de ESO, y éste, a su vez, la opción de seguir en la FP o el bachillerato. De esa manera, los alumnos de cuarto tendrían un tronco común de asignaturas y otro específico, con materias más profesionales, en un caso, o con las materias enfocadas al bachillerato que se pretenda cursar (Artes, Ciencias y Tecnología; o Humanidades y Ciencias Sociales). Así se intenta dar solución a la petición del PP y de otros sectores educativos de hacer un bachillerato más largo (los populares proponen reducir un curso la ESO para dárselo al ciclo siguiente), ya que para una parte de los alumnos cuarto se convertiría en una especie primer curso de bachiller, explican en el Ministerio de Educación.

El documento presentado por Gabilondo también contempla efectuar evaluaciones externas en sexto de primaria y tercero de secundaria, a todos los alumnos de todos los centros. Se trata de una medida próxima a la que solicita el Partido Popular. De aplicarse, modificaría el modo de evaluación actual, en el que las evaluaciones nacionales se hacen con grupos representativos y es cada comunidad quien examina a todos y cada uno de sus alumnos.

Las primeras reacciones tras la reunión han sido cautas. Se trata de la presentación de unas bases generales para el pacto, ha avanzado el consejero gallego de Educación, Jesús Vázquez, durante la reunión. “No valoro la propuesta, porque aún es muy pronto”, ha añadido Vázquez, que ha avanzado que las comunidades autónomas y el ministerio volverán a encontrarse en febrero. Algo muy parecido dijo el consejero de Castilla y León, Juan José Mateos. Un poco más dura, aunque manteniendo su absoluta disposición al pacto, ha sido la consejera madrileña, Lucía Figar, que en declaraciones a EFE ha dicho que observaba en el documento “alguna ausencia llamativa”. Lo ha dicho en referencia a las libertades educativas y la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües.

La reacción al documento de los consejeros consejeros de las comunidades gobernadas por el PP se esperaba con especial interés después de que la se semana pasada, el presidente del PP, Mariano Rajoy, presentara las propuestas de su partido para el pacto en un acto en Toledo. Mucho se ha hablado desde entonces sobre si ese acto y esas propuestas dificultaban o no el camino del acuerdo. El ministro Gabilondo ha dicho en todo momento que esas propuestas serían estudiadas, como todas las demás. Hoy, tras el encuentro con los consejeros, ha explicado que el documento ha procurado recoger todos los puntos de encuentro de las propuestas remitidas por todas las comunidades, incluidas las seis gobernadas por el PP -que enviaron esa propuesta conjunta presentada por Rajoy- y de las organizaciones de padres, sindicatos, patronales y otros agentes sociales con los que el ministerio se ha reunido.

Ángel Gabilondo ha insistido en que el documento de Propuestas para un pacto social y político por la Educación “no es un documento del partido Socialista”, y tampoco es “la posición del ministerio”, sino un texto “con voluntad de pacto”. “En torno al 22 de febrero, una vez que los consejeros hayan analizado todas las propuestas, presentaremos un nuevo texto que será debatido en la próxima Conferencia Sectorial que celebraremos a finales de mes”, añadió. El ministro apeló a rescatar el espíritu que llevó a alcanzar los acuerdos para redactar la Constitución, de manera que se alcance ahora un pacto educativo que “demanda la sociedad”. “Espero que ningún partido deje de estar a la altura”, añadió.

El Gobierno pretende blindar las reformas educativas con el pacto

Educación plantea 104 medidas a las comunidades autónomas – Los alumnos de 4º de ESO se dividirían en grupos orientados al Bachillerato o la FP

J. A. AUNIÓN - Madrid – 28/01/2010. El País

Entre las medidas que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presentó ayer a las comunidades autónomas como base para el pacto educativo, hay una que por sí sola puede significar un vuelco radical: que cualquier cambio normativo en la enseñanza requiera del acuerdo de dos tercios de los diputados del Congreso. Aunque quizá la iniciativa más sorprendente es la que pretende separar a los niños en 4º de la ESO (a los 15 años) en dos vías -una enfocada a cursar después bachillerato y la otra, FP-, la mayoría en el Congreso significaría que los partidos con opciones de gobernar, PSOE y PP, se comprometen a blindar el pacto, a contar con el otro si quieren cambiar la ley, algo que no ha ocurrido nunca.

Gabilondo: “No es un documento del PSOE ni del ministerio, sino de acuerdo”

Mucho se ha hablado en las últimas semanas del incierto futuro de este pacto, sobre todo después de que la semana pasada, el presidente del PP, Mariano Rajoy, presentara las propuestas de su partido en un acto en Toledo. Entonces, Gabilondo ya dijo que estudiaría sus aportaciones (firmadas por las seis comunidades gobernadas por el PP) junto con las del resto de autonomías. Así, con todas ellas y las que han remitido sindicatos, asociaciones de padres o patronales, Educación ha redactado un documento de 28 páginas y 104 medidas que ayer entregó a los consejeros de Educación. “No es un documento del partido socialista”, y tampoco es “la posición del ministerio”, insistió Gabilondo, sino un texto “con voluntad de pacto”. Ahora se abre otro periodo de aportaciones para que, hacia el 22 de febrero, haya un documento definitivo para debatir “en profundidad”.

De momento, el texto plantea que en 2020 el 85% de los jóvenes tengan al menos el bachillerato o la FP de grado medio o alcanzar la media europea de gasto educativo en 2015 (el 5,4% del PIB, ahora en España es el 4,92%). Cada año, se haría una memoria económica de las medidas a poner en práctica en ese periodo. La idea general es flexibilizar el sistema para que nadie se quede en el camino (ahora abandonan los estudios prematuramente casi un tercio de los jóvenes) pero a la vez dar mucha mayor calidad (el informe Pisa deja a España en un lugar mediocre).

La reacción de los consejeros del PP ha sido prudente, aunque no renunciaron a destacar las líneas irrenunciables para su partido, como la libertad de elección de centro o la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües, algo que echó en falta la responsable madrileña, Lucía Figar. Hay “ausencias notables”, dijo. Pero, en general, el documento ha tenido una buena acogida entre un amplio espectro ideológico de la comunidad educativa: desde los sindicatos CC OO Y UGT o la asociación laica de padres Ceapa, hasta la asociación católica de padres Concapa o la patronal CECE (impulsores del boicoteo a Ciudadanía). El portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, se quejó de “falta de concreción”.

El hecho es que, dentro las buenas voluntades que marca el papel, la medida concreta más novedosa es hacer más “orientador” 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En ese momento, con 15 años, el alumno elegiría entre un curso orientado a la FP y otro, al bachillerato, aunque ninguno de ellos condicionará la decisión final del alumno a la hora de elegir sus estudios posobligatorios. Tendrían un tronco común de asignaturas y otro específico.

El ministerio ha tomado así una especie de camino del medio en torno a la petición del PP y de otros sectores (entre otros, UGT) de hacer un bachillerato más largo (los populares proponen reducir un curso la ESO), ya que, para una parte de los alumnos, 4º se convertiría en una especie de primer curso de bachiller, explica el secretario general de FP, Miguel Soler. Y, sin embargo, Soler asegura que no se renuncia a la conquista de tener una formación común hasta los 16. Ésta, sin duda, será una propuesta polémica que, para el Sindicato de Estudiantes, puede provocar “la expulsión de los estudiantes con más dificultades”.

Por lo demás, el documento recoge multitud de iniciativas que ya están en marcha o reflejadas en distintos proyectos (el plan contra el abandono escolar, la reforma de la FP o la ley de Economía Sostenible, entre otras). Por ejemplo, más plazas públicas de educación infantil hasta tres años, refuerzos educativos tempranos (incluso en infantil), la flexibilización de los caminos de ida y vuelta entre el bachillerato y la universidad, la FP y el mercado de trabajo. Además, hay algunas ideas fuerza del PP, como el fomento de la exigencia, el mérito, el esfuerzo y la excelencia. En cuanto al profesorado, también coinciden con el PP en la revisión del sistema de acceso de los profesores. Y hay una propuesta casi calcada de la ley catalana de educación, pero que también recogía el texto del PP: crear una especie de contratos-programa entre los Gobiernos autonómicos y los centros por el que éstos son financiados y dotados en función de unos objetivos concretos a varios años.

Se trata de 104 propuestas, muchas de ellas se quedan en declaración de intenciones, otras a priori son fácilmente aceptables, pero algunas pondrán el pacto en aprietos. Gabilondo lanzó un mensaje: “Hay tal demanda social por el pacto que espero que ningún partido deje de estar a la altura”.

La distancia del PP

Hay muchos puntos de la propuesta del PP similares a los que aparecen en el documento presentado ayer por el ministerio. Sin embargo, éstas son las principales diferencias:

- ESO y Bachillerato. El PP quiere restar un curso a la ESO (manteniendo la escolarización obligatoria en los 16 años) para dárselo al Bachillerato. El documento de pacto deja en su sitio 4º de ESO, pero con dos vías, una orientada a la FP y otra, al Bachillerato.

- Libertad de enseñanza. El PP reclama asegurar por ley el derecho al concierto, es decir, que cualquier colegio privado, si tiene demanda, deberá ser subvencionado. El texto de Educación insiste en la necesidad de repartir equitativamente a los alumnos más difíciles (inmigrantes, minorías) entre la pública y la concertada, pero que ambos cuenten con medios para atenderlos, y que se dé toda la información a los padres para que puedan elegir.

- Evaluaciones. El PP pide exámenes de diagnóstico al final de cada etapa, iguales en toda España, y que los resultados sean públicos. El texto de Educación acepta evaluaciones nacionales para todos los alumnos de todos los centros (ahora se hacen con muestras representativas), pero no habla de dar publicidad a los resultados (un punto de tensión). Además, el documento habla de medir competencias básicas (comprensión lectora o matemática, como en el examen Pisa), y mientras el PP quiere evaluar las asignaturas y sus contenidos.

- Profesorado. El Partido Popular apuesta por mantener los cuerpos nacionales de profesores y que los docentes sean considerados autoridad pública, como se ha hecho en Madrid. El documento del Ministerio de Educación habla de promover su reconocimiento y su “autoridad moral”, mejorando su formación y competencias y a través de campañas públicas de apoyo.

- Ciudadanía y castellano. Nada dice el documento de la enseñanza del castellano (que el PP quiere garantizar en las comunidades bilingües) ni de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (que el PP quiere eliminar de primaria y bachillerato y limar sus contenidos en la ESO).

CEAPA advierte que no aceptará más retrocesos en materia educativa en aras a la firma de un Pacto por la Educación

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) advierte que no aceptará más retrocesos en materia educativa, que los ya asumidos en su día en la elaboración de la LOE, en aras a la firma de un Pacto por la Educación. En esas condiciones, esta confederación no sólo no suscribiría dicho pacto, sino que trabajaría para liderar una oposición al mismo con otras organizaciones sociales y educativas.

Tras conocer la propuesta del Partido Popular en materia educativa presentada ayer, CEAPA muestra una gran preocupación por el hecho de que este partido quiera recortar el derecho a la Educación del alumnado y suprimir los avances educativos que se han producido en España en las últimas décadas.

Esta confederación critica la propuesta del PP de reducir en un año la Educación Secundaria Obligatoria e impedir la consecución de unos objetivos básicos para todos los alumnos hasta los 16 años, pues estas decisiones supondrían un retroceso claro en el derecho a la Educación de los niños, niñas y jóvenes. Estas medidas recuerdan a la LOCE impulsada por el segundo Gobierno de Aznar, siendo ministra Pilar del Castillo, una ley que no sólo no logró ningún consenso (sólo contó con el respaldo del PP y Coalición Canaria), sino más bien una fuerte contestación social, con la oposición de la mayoría de las organizaciones sociales y educativas, y partidos políticos.

CEAPA critica que propuestas como recargar con más contenidos el currículum educativo (en lugar de potenciar las competencias básicas tal y como recomienda la OCDE), endurecer las condiciones para que el alumno promocione de curso, y segregar al alumnado con bajo rendimiento académico hacia opciones educativas devaluadas tienen por objeto expulsar del sistema educativo al alumnado con mayores dificultades socioeducativas y perpetuar las diferencias sociales y económicas de la población.

Además, el sistema propuesto por el Partido Popular derivaría hacia la Formación Profesional casi exclusivamente al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, lo que, una vez más, nos retrotrae a tiempos pasados, y es una mala noticia para los Gobiernos de muchas Comunidades Autónomas, incluso en las que gobierna el PP, que también están impulsando campañas para prestigiar esta etapa educativa.

CEAPA está de acuerdo con la afirmación del PP de que “el Pacto educativo sólo resultará alcanzable si hay una previa concordancia sobre el diagnóstico de la educación en España”. Sin embargo, este partido parte de un diagnóstico catastrofista de la realidad educativa. Según el último informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2009”, el 65% de los jóvenes entre 25 y 34 años ha completado la educación postobligatoria (bachillerato y FP de grado medio), mientras que hace treinta años sólo el 28% había finalizado estos estudios, lo que demuestra que nuestro país ha avanzado mucho en las últimas décadas.

En todo caso, la alta tasa de abandono escolar es inaceptable e insostenible para nuestro país, y demuestra una situación dura y enquistada en determinados sectores sociales, y que requiere una atención prioritaria por parte del Gobierno de España y los de las Comunidades Autónomas, que deben actuar con responsabilidad y lealtad institucional. Exactamente una actitud de la que carecen los Gobiernos de tres Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Valencia y Murcia), que ponen trabas al desarrollo de la escuela pública, no aplican en algunos casos la normativa estatal, y, más recientemente, no han suscrito el Programa Escuela 2.0, impidiendo así que miles de niños y niñas de esos territorios no accedan a ordenadores portátiles, en una decisión que resulta incomprensible para los padres y madres de ese alumnado.

CEAPA pide a la dirección del Partido Popular que sea coherente con el planteamiento sobre la “vertebración y cohesión” del sistema educativo en todo el Estado, muy reiterado en su documento, y conmine a estas tres Comunidades Autónomas a que reconsideren una decisión sólo motivada por la estrategia política.

Por último, tras conocer la posición maximalista del Partido Popular, CEAPA reitera al Gobierno que la única manera de que el Pacto por la Educación sea viable, es que trabaje primero por un pacto social entre las organizaciones de la comunidad educativa, al que posteriormente se sumen todas las fuerzas políticas del arco parlamentario sin excepción. Justo al revés de lo que está haciendo el Ministerio de Educación en estos momentos, que ha creído más oportuno alcanzar primero un acuerdo con las fuerzas políticas.

Madrid, 19 de enero de 2010

POSICIONAMIENTO DE CEAPA SOBRE EL PACTO EDUCATIVO

POSICIÓN GENERAL

En primer lugar, CEAPA considera que las organizaciones educativas realizamos un gran esfuerzo para alcanzar un pacto educativo en el proceso de elaboración y debate de la Ley Orgánica de Educación (LOE), obedeciendo a la demanda social de dar estabilidad al marco legislativo educativo, con independencia de los Gobiernos de turno.

En aquel momento, CEAPA ya advirtió de que la LOE era un texto de doble filo, que permitiría gobernar a administraciones educativas de distinto signo político. De hecho, tres años y medio después de la entrada en vigor de la LOE (en mayo de 2006), la experiencia demuestra que algunas CC.AA. han desarrollado una normativa dirigida a potenciar el espíritu de dicha ley e intentar así lograr el éxito educativo, formativo y personal de todo el alumnado, mientras otras CC.AA. han rozado los límites de la misma para contradecir su filosofía y desarrollar un modelo basado en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), actualmente derogada, que apostaba por el éxito de sólo una parte del alumnado.

Para la elaboración y posterior aprobación de la LOE, las organizaciones educativas hicimos numerosas concesiones, a pesar de las cuales, el grupo parlamentario popular, en una decisión de estrategia política, votó en contra de esta ley, aun cuando sus contenidos, en líneas generales, bien podrían haber sido asumidos por el principal partido de la oposición. En estos momentos, nos encontramos ante un nuevo escenario, tras el anuncio del ministro de Educación en su toma de posesión de alcanzar un pacto por la educación. Ese pacto se consumaría en tres mesas de diálogo: una con los grupos en el Congreso de los Diputados (a través de la Comisión de Educación), otra en la Conferencia Sectorial de las comunidades autónomas, y la tercera con los agentes sociales y organizaciones educativas.

En primer lugar, entendemos que los pactos deben ser siempre previos al desarrollo de las leyes, y eso ya sucedió en el proceso previo de elaboración de la LOE, como hemos señalado más arriba. Por tanto, cualquier pacto que se realice ahora no debe ser para elaborar una nueva ley, sino para modificar o rehacer alguno de sus desarrollos normativos o parte de los mismos, si es que el pacto así lo exige.

En segundo lugar, consideramos que para dar estabilidad al sistema educativo y mejorar la educación en nuestro país, es imprescindible alcanzar un verdadero pacto entre el Gobierno central y el de todas las Comunidades Autónomas, fundamentado en la lealtad institucional de los diferentes gobiernos autonómicos con el marco legislativo estatal.

Lo mínimo que los padres y madres de alumnos y el conjunto de la ciudadanía podemos exigir de nuestras instituciones es que actúen con responsabilidad y lealtad, para afrontar los retos que nuestro sistema educativo tiene planteados, y que no utilicen las instituciones educativas como escenario para la lucha partidista.

En tercer lugar, creemos que primero es necesario un pacto social de la comunidad educativa, sobre el que posteriormente deberían trabajar todas las fuerzas políticas del arco parlamentario sin excepción, desde el absoluto respeto al mismo y llevándolo a normativa y a actuaciones concretas; es decir, consideramos que el pacto social debe ser previo al pacto político. Los partidos políticos han de representar a la ciudadanía, canalizar sus necesidades y resolver sus problemas; los partidos políticos no deben alcanzar acuerdos y legislar de espaldas a una ciudadanía, en gran medida representada por las organizaciones de la sociedad civil, ni pretender que ésta solamente acepte sus decisiones, en ocasiones adoptadas en el marco de determinadas estrategias políticas.

CEAPA no aceptará que la negociación parta de análisis sesgados del sistema educativo. No compartimos los análisis catastrofistas que los sectores más conservadores de la sociedad, con el apoyo de algunos medios de comunicación, han tratado de imponer en los últimos lustros, sobre el rendimiento académico del alumnado y la convivencia escolar, y que sitúan siempre a la LOGSE en el epicentro de las deficiencias del sistema educativo.

Queremos recordar que según el último informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2009”, el 65% de los jóvenes entre 25 y 34 años ha completado la educación postobligatoria (bachillerato y FP de grado medio), lo que demuestra que nuestro país ha avanzado mucho en las últimas décadas, si tenemos en cuenta que hace treinta años sólo el 28% había finalizado estos estudios. En pocos años nuestro país ha evolucionado a mayor velocidad que otros y además logrando también una mayor equidad. Eso sí, no en todas las Comunidades Autónomas se ha evolucionado de igual forma, lo que deja claro que es la gestión del marco estatal la parte más importante del éxito del mismo, por lo que deberíamos fijar las críticas en primer lugar en dicha gestión. De hecho, con el mismo marco, algunas Comunidades Autónomas están ya en valores europeos y han recuperado casi todo el espacio que les distanciaba de los países más avanzados. No obstante, CEAPA cree que hay que redoblar los esfuerzos para alcanzar los objetivos que la Unión Europea se ha fijado para el 2010 en la llamada Estrategia de Lisboa. Inscrito en el registro del Ministerio del Interior nº 400 – N.I.F. G-28/848505 –

Creemos que el papel del Ministerio de Educación en el proceso de diálogo debe ser principal y no secundario, debiendo dar respuesta a la posición de la comunidad educativa y trasladarla a los grupos políticos y a las Comunidades Autónomas, para que estos la plasmen en sus acuerdos y en los desarrollos normativos necesarios.

ASPECTOS CONCRETOS A ABORDAR EN EL PACTO

CEAPA expone a continuación aquellos aspectos que deben tratarse, desde nuestro punto de vista, para dar forma al pacto social:

1. El papel fundamental del estado como eje vertebrador del sistema educativo y de la cohesión social, para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma donde residan, mediante una educación de calidad y equidad.
Esto implica la sujeción de las Comunidades Autónomas al marco legislativo estatal, para impedir la existencia de situaciones muy dispares y garantizar un sistema educativo con igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio estatal, así como el mantenimiento y el desarrollo real y efectivo de las competencias estatales.

2. El papel prioritario de la escuela pública y la subsidiariedad de la escuela privada-concertada dentro del sistema educativo. Las políticas que las administraciones educativas desarrollen deben tener como objetivo prioritario la escuela pública. En este sentido, demandamos un incremento de la inversión en la escuela pública, pues esta red es la única que atiende a la responsabilidad social de escolarización de todo tipo de alumnado.

3. Un ambicioso plan para lograr el éxito escolar de todo el alumnado, que contemplaría:
- Convertir al alumnado en protagonista del sistema educativo y de todas las políticas educativas que las administraciones impulsen, lo que implica que el interés pedagógico de los menores se sitúe por encima de intereses corporativos o de otra índole. –

- Adaptar el currículum escolar a las demandas de la sociedad de la información y el conocimiento, con el objetivo de lograr una mayor motivación del alumnado en su proceso educativo. Queremos que se revise el currículum para adaptarlo a la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado, en consonancia con lo que demandan diversos organismos internacionales (como la OCDE), que señalen que nuestro alumnado por lo general no sabe aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones cotidianas. La LOE establece entre sus objetivos la adquisición de competencias básicas, pero por otro lado sus desarrollos en los decretos de enseñanzas mínimas de Primaria y ESO no hacen la revisión necesaria del currículum.
- Atender a la diversidad del alumnado, con una atención lo más individualizada posible, para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas y la cohesión social.
- Integrar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, para que sean herramientas básicas y habituales de la actividad educativa. En todo caso, el objetivo prioritario será que el alumnado aprenda a transformar en conocimiento la gran cantidad de información a su disposición.
- Extender los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo, que se desarrollan fuera del horario lectivo, a todos los centros escolares, para que tanto el alumnado con mayores dificultades como el de altas capacidades obtengan el respaldo necesario y no dependan de la ayuda de su familia para hacer los deberes o de la renta familiar para pagar apoyos particulares. Los deberes escolares deben dejar de ser una pieza clave que marque el éxito escolar del alumnado, al estar directamente relacionado con diversas causas, como el nivel sociocultural de las familias o la conciliación de la vida familiar y laboral, y por tanto ser un factor que genera desigualdad.
- Incorporar y/o fortalecer nuevos perfiles profesionales en la escuela: dotar a los equipos de orientación de los recursos necesarios para realizar funciones no sólo de diagnóstico sino también de intervención; incorporar educadores sociales que atiendan la situación escolar, familiar y social del alumnado. En suma, dotar de 3 equipos multidisciplinares y de nuevas figuras profesionales a todos los centros educativos, para garantizar el adecuado tratamiento de las necesidades educativas de todo el alumnado, y atender necesidades que van más allá de las posibilidades de los docentes y para permitir, además, la extensión del currículo no formal del alumnado.
Estos nuevos perfiles profesionales harían posible, entre otras, la detección precoz de las necesidades educativas especiales, para que se puedan tratar adecuadamente las desigualdades de origen y lograr el éxito escolar de todo el alumnado.
- Reforzar las tutorías, para que contemple las necesidades reales del alumnado y actúe como uno de los elementos para que la colaboración entre familia y escuela sea una realidad. Según distintos estudios, una comunicación fluida entre las familias y el centro educativo contribuye a un mejor rendimiento académico y a una mejora de la convivencia escolar.
Declarada de Utilidad Pública
- Relegar la repetición de curso sólo a situaciones excepcionales de carácter madurativo, dado que ha demostrado su ineficacia en la práctica totalidad de los casos. La repetición de curso no contribuye a lograr el éxito escolar de todo el alumnado. En la mayoría de los países europeos el sistema de evaluación y aprendizaje no se centra en la repetición, y sí la evaluación continua, la adquisición de competencias, el aprendizaje comprensivo, los refuerzos educativos en cuanto el centro escolar detecta alguna carencia en el alumnado, la formación permanente y de calidad del profesorado, la evaluación periódica de todo el sistema, etc. Además, CEAPA cree en el esfuerzo y en la evaluación de todos: del alumnado, de las madres y los padres, del profesorado, de la dirección escolar y de las Administraciones Públicas.

- Mejorar la organización interna de los centros educativos, especialmente de los de secundaria, cuya configuración actual aumenta las dificultades del proceso educativo del alumnado y es fuente de numerosos desajustes y conflictos que favorecen la expulsión lenta, paulatina y segura de una buena parte del alumnado de dicho proceso educativo, y que luego forma parte de las estadísticas de abandono prematuro. Es decir, hay que modificar la organización actual de los centros educativos que está pensada para dar respuesta sólo al alumnado que encaja en el proceso educativo sin casi ningún esfuerzo especial del sistema, dejando con facilidad fuera del mismo a todo aquel que por exceso o por defecto no obedece ese perfil.
- Coordinar las distintas etapas educativas para avanzar hacia una educación integral; especialmente, hay que facilitar la transición de Primaria a Secundaria, que coincide con un período de dificultades propias de la adolescencia.
- Lograr la escolarización plena hasta los 18 años, ampliando y flexibilizando las opciones formativas desde los 16 años.
- Diseñar, ejecutar y evaluar todos los programas que sean necesarios para atender adecuadamente las necesidades educativas del alumnado, con la finalidad de que no abandonen prematuramente el sistema educativo y obtengan la formación y titulación necesaria para su adecuada inserción en la sociedad una vez finalizado su proceso educativo.

- Incrementar el gasto público en Educación hasta alcanzar el 7% del PIB. La inversión pública en educación en España es de las más reducidas entre los países de la Unión Europea. CEAPA pide una inversión más decidida y dirigida hacia la educación pública, lo que nos permitiría seguir recuperando el desfase histórico que sufre nuestro país. El incremento de esta inversión pública en educación aportaría mayores recursos en los centros, más profesorado de apoyo, mejores infraestructuras, incremento de los programas y una mejor respuesta educativa.

4. Promover un Real Decreto de Participación que impulse y regule la obligación que tienen las administraciones educativas, derivada del artículo 27 de la Constitución Española, de fomentar los cauces de participación de los padres y madres del alumnado y, en especial, su derecho de asociación reconocido en nuestro texto constitucional. El Real Decreto debe formar parte del pacto educativo y reconocer los derechos del movimiento asociativo de las APAS. Declarada de Utilidad Pública
Es necesario avanzar hacia la gestión democrática de los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto. La participación debe pasar de ser un discurso retórico a ser una realidad incuestionable, donde las APAS y las organizaciones que las agrupan sean un verdadero e insustituible eslabón de la estructura educativa y una pieza fundamental de la comunidad educativa.

5. Abordar la socialización y educación de todo el alumnado en el respeto a los derechos y libertades fundamentales; en los valores de la paz, solidaridad e igualdad; y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad en un marco de democracia participativa.
En este sentido, CEAPA resalta la importancia de la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que debería incrementar sus horas lectivas y su presencia en todas las etapas y niveles, como pieza fundamental para educar personas que sean, antes que nada, ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad a la que pertenecen.

6. Abordar el papel del profesorado en sus distintas vertientes:
- Una formación inicial y continua basada en las habilidades pedagógicas necesarias, y previas al inicio de la función docente, que serán complementadas con las especializaciones oportunas en las distintas materias.
- El acceso a la función docente para que sólo se inicien en ella aquellas personas que tengan adquiridas las habilidades pedagógicas necesarias para el adecuado desarrollo de su función y lo demuestren previamente de forma práctica y real.
- La actualización profesional de los docentes mediante su formación continua, con especial incidencia en la utilización de las nuevas tecnologías como escenario obligado de su actividad docente diaria en las aulas, y que propicie un profundo cambio metodológico en aquella parte del profesorado que está más distante del necesario rol actual del docente.
- La erradicación de la alta interinidad en la profesión docente, para que deje de ser un elemento desincentivador en el alumnado y un obstáculo para la puesta en marcha, impulso y continuidad de los proyectos educativos de los centros.
- El control del absentismo laboral del profesorado, para que deje de ser una pérdida educativa real para el alumnado y se tomen medidas para erradicarlo, llevándolo hasta alcanzar los niveles habituales de cualquier otra profesión.
- La evaluación de la actividad docente, para que deje de ser voluntaria y un discurso retórico sin contenido.

7. Reformar los tiempos escolares y el calendario lectivo, para que se ajusten a las necesidades reales del alumnado en su proceso educativo. Declarada de Utilidad Pública
Además, es necesario adecuar el horario de los centros educativos y el horario laboral de los padres y madres, para facilitar el seguimiento de hijos e hijas, así como para posibilitar la participación.
Esta reforma de los tiempos escolares debe ir acompañada de programas de apertura de los centros educativos a su entorno, con la implicación real en ello de, sin excepciones, todos los sectores de la comunidad educativa, ajustando la jornada laboral de los docentes a las necesidades actuales de la sociedad con relación a los centros educativos y contemplando su permanencia e implicación en los mismos más allá del horario lectivo, como debe ocurrir, por ejemplo, con la búsqueda de nuevos espacios y horarios para las necesarias reuniones entre docentes y padres, que deben garantizar que estos últimos pueden conciliar las mismas con sus ocupaciones laborales y familiares. 400 – N.I.F. G-28/848505 –
Inscrito en el registro del Ministerio del Interior nº

8. Abordar el tratamiento de la convivencia escolar como una labor fundamental en el proceso educativo, consiguiendo personas antes que estudiantes, y la resolución de los conflictos, que debe ser educativa y pacífica, poniendo fin a la sanción como herramienta habitual y eliminando totalmente la expulsión temporal del centro educativo del alumnado, y sólo mantener, para excepciones muy justificadas, la expulsión definitiva bajo el formato de cambio de centro, nunca como abandono del proceso educativo.

9. Regular mediante un decreto estatal la etapa de Educación infantil, para lograr una mayor escolarización de 0 a 3 años en la pública, en una etapa única de 0 a 6 años en todos los centros educativos donde se imparta Educación Infantil, y con un carácter plenamente educativo, como mejor receta para lograr el éxito escolar. Esta regulación impediría la existencia de negocios lucrativos, sin unos requisitos mínimos de calidad en sus instalaciones, sin una formación adecuada de su profesorado y sin el control de la inspección educativa.

10. Regular con una norma estatal la promoción de curso en Bachillerato, para que el alumnado de todas las Comunidades Autónomas no tenga que repetir las materias ya superadas y sí matricularse sólo de las suspendidas, como sucede en el sistema universitario.
CEAPA aboga por una mayor flexibilidad en el Bachillerato para facilitar que el alumnado pueda superarlo adecuadamente, y no suponga, en algunos casos, un “muro insalvable” que aboque al abandono prematuro de dichas enseñanzas a aquellos que simultanean sus estudios con otras actividades o necesitan más tiempo para la adquisición de determinados contenidos.

11. Desarrollar una nueva configuración de la Formación Profesional, para poner en valor real dichas enseñanzas y que las dignifique e iguale, en su nivel superior, con las enseñanzas universitarias.
Declarada de Utilidad Pública

12. La desaparición de la selectividad como elemento de criba para el acceso a la Universidad, sustituyéndolo sólo por pruebas de acceso a las facultades que tengan exceso de demanda, si es que ésta no puede cubrirse adecuadamente, que sería siempre el objetivo a cumplir.

13. Crear una red de centros públicos planificada, que dé respuesta a las necesidades reales de escolarización y garantice un puesto escolar público en cualquier punto del territorio estatal, siempre como primera opción disponible. En este sentido, abogamos por que Gobierno central y CC.AA. pongan en marcha un ambicioso plan de construcciones de centros educativos públicos y de reforma y ampliación de todos los existentes, para que la red pública llegue en óptimas condiciones a todos y cada uno de los puntos de escolarización posibles, y lograr así también reducir las ratios de alumnado por aula.

14. Debido al incumplimiento por parte de muchos centros privados-concertados de su obligación social de escolarizar a todo tipo de alumnado, CEAPA cree necesario impulsar en las CC.AA. normativas de escolarización que impidan la selección del alumnado por parte de los centros educativos, garanticen la adecuada planificación general de la enseñanza, y realicen una escolarización equilibrada del alumnado entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, especialmente del alumnado con necesidades educativas especiales, dando respuesta al entorno donde está ubicado el mismo y no generando espacios descompensados por la selección o la concentración del alumnado en función de su procedencia sociocultural o de cualquier otra índole discriminatoria.
En este sentido, demandamos una regulación clara del acceso a los conciertos, para que los centros privados cumplan con todas y cada una de sus obligaciones o, de lo contrario, pierdan de forma real todos sus derechos en materia de financiación pública y el concierto del que gozan.
Esta normativa también impediría acceder a un concierto educativo a cualquier centro privado que no haya iniciado su actividad educativa, entendiendo por esto, la puesta en marcha de sus actividades lectivas con el inicio del primer curso escolar en dicho centro, condición previa indispensable para que pueda solicitar su acceso al sistema de conciertos.
Ante el incumplimiento sistemático de sus obligaciones de escolarización, CEAPA pide la suspensión cautelar de la concesión de nuevos conciertos hasta que no se realice un estudio pormenorizado de todas las zonas de escolarización y se garanticen plazas suficientes para la escolarización plena del alumnado en la escuela pública en todas y cada una de ellas. CEAPA también pide la paralización total y definitiva de la cesión gratuita de suelo educativo público para la creación o ampliación de centros educativos privados.

15. Impulsar la inspección educativa, para que sea la garante de la igualdad de derechos y de obligaciones por parte de todos los implicados en el sistema educativo.

16. Revisar la evaluación del sistema educativo, para que se elimine el enfoque de competitividad entre centros y deje de ser una herramienta para la desaparición o estigmatización de algunos de ellos.

17. Cumplir con el mandato constitucional de gratuidad de la enseñanza obligatoria, avanzando hasta la gratuidad total de todas las etapas dentro de los centros educativos públicos, y para que permita y busque la mejora del sistema educativo. En este sentido, es imprescindible que el alumnado de todo el Estado acceda, de manera gratuita, a libros de texto y demás materiales curriculares, incluidos los ordenadores y software educativo que conlleva el programa Escuela 2.0.

18. Extender el sistema de becas a un número mayor de alumnos, para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades.
Inscrito en el registro del Ministerio del Interior nº

19. Abordar el aprendizaje a lo largo de toda la vida mediante flexibilización de los sistemas de acceso y graduación de las distintas enseñanzas y la coordinación de programas e iniciativas de las distintas administraciones. Hay que reconocer las calificaciones obtenidas gracias a la experiencia profesional y crear nuevos programas que se adapten a la evolución de las necesidades económicas y sociales. Las sociedades que hacen un uso intensivo del conocimiento necesitan que los ciudadanos mejoren las competencias que poseen y adquieran otras nuevas.

20. La asignatura de religión debe desaparecer del horario lectivo, para respetar los derechos de toda la comunidad educativa y para que no se interrumpa el normal funcionamiento de la organización de los centros educativos. En cualquier caso, mientras esto no se produzca, debe mantenerse su voluntariedad así como carecer de asignatura alternativa.

21. Buscar un enfoque acertado del bilingüismo y el plurilingüismo:
- Asegurando el perfecto dominio por todo el alumnado de las lenguas cooficiales, incluyendo entre ellas el castellano, en los distintos territorios autonómicos.
- Garantizando que el aprendizaje de las diferentes lenguas extranjeras no se realiza a costa de la pérdida en la adquisición de las competencias básicas y de los conocimientos necesarios de las diferentes materias. Puerta del Sol, 4, 6ºA, 28013

22. Asegurar la independencia de la toma de decisiones en todo el sistema educativo, incluyendo a la Universidad, respecto de la empresa privada, a la que no puede estar supeditada en aspecto alguno, sin menoscabo de que se dé respuesta a las necesidades de la sociedad y a ella como parte de ésta.
CEAPA considera lógico pensar que no será posible llegar a un acuerdo sobre todos los puntos que plantea, pero hay cuestiones básicas que deberán quedar reflejadas en el pacto, y sobre las que CEAPA está dispuesta a dialogar y alcanzar un consenso, sin que ello deba entenderse como la posibilidad de que nuestra organización pueda plantearse la renuncia a sus señas de identidad. Ninguna organización estará dispuesta a ello, pero un acuerdo es posible, si es que hay verdadera voluntad por todas las partes.